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En junio de 2002, el presidente de Paraguay firmó una ley de acceso a la información (LAI) controversial que fue aprobada por el congreso. Dicha ley, que imponía restricciones sobre los ciudadanos y periodistas que buscaban obtener la información pública, causó grandes críticas provenientes de la sociedad civil y la comunidad internacional. En menos de tres meses, la ley fue derogada.

Paraguay continúa siendo uno de los últimos países en América Latina sin una ley de acceso a la información en vigencia. Por más de 20 años, la constitución de 1992 de Paraguay ha estipulado el derecho de los ciudadanos a la información pública, pero han pasado esas dos décadas sin una ley que permita que los paraguayos ejerzan este derecho.

Este aspecto quizás cambie en el 2014.

El 19 de diciembre, el Senado aprobó una ley de acceso a la información, que ahora espera una acción por la Cámara. La ley, inicialmente preparada por socios de la sociedad civil, no fue aprobada sin enmiendas o controversias, pero queda como intento claro de mover el país hacia adelante en cuanto a problemas de transparencia gubernamental. Es también un ejemplo fuerte de colaboración entre ciudadanos y legisladores y del impacto de una nueva comunidad global pro transparencia gubernamental.

Creando cooperación en una ley

En octubre de 2013, siete senadores paraguayos presentaron una Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Dicha ley fue elaborada por una coalición de 23 organizaciones de la sociedad civil, el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Publica (GIAI), y fue el resultado de casi 10 años de trabajo. En un tema que ha estado estancado por décadas, fue una sorpresa ver la voluntad de los senadores y la sociedad civil de trabajar en conjunto. La colaboración fue un resultado de un grupo importante de senadores que crearon una comisión de transparencia, como también una serie de esfuerzos de grupos cívicos y medios de comunicación nacionales que se relacionaron con los legisladores.

Sólo dos semanas antes, discusiones iniciales entre un miembro de la coalición GIAI, Semillas para la Democracia, y miembros del Senado habían culminado en un seminario internacional acerca de la transparencia legislativa en Asunción. La reunión congregó a miembros del Senado, incluyendo el presidente de ese organismo, Julio César Velásquez, con organizaciones civiles locales con fines parecidas a Semillas. Incluyó también presentaciones por Hernán Larraín, senador Chileno y presidente de la Comisión Bicameral de Transparencia, Juan Pablo Olmedo, ex presidente del Consejo de Transparencia de Chile y asesor principal de la Comisión Bicameral de Transparencia, y María Baron, directora ejecutiva del grupo cívico argentino Directorio Legislativo.

El presidente del Senado Julio César Velásquez, el senador chileno Hernán Larraín, la directora ejecutiva de Semillas para la Democracia Marta Ferrara y otros discuten la transparencia legislativa.

El evento obtuvo titulares de primera plana citando las convocatorias para una ley de acceso a la información comprensiva en Paraguay. Larraín dio entrevistas extensivas a los medios de comunicación acerca de los desafíos encontrados en la experiencia de transparencia legislativa de Chile. Baron expuso sobre la importancia de incluir a la sociedad civil en el proceso. El seminario concluyó con la firma formal del memorándum de entendimiento entre el Presidente del Senado y Semillas, comprometiéndose a trabajar juntos hacia la legislación para una mejor transparencia.

Involucrando a la comunidad internacional pro transparencia gubernamental

A través de este acuerdo, el Senado y las organizaciones de la sociedad civil han recibido  en Asunción durante los últimos meses a expertos en materia de transparencia provenientes de diferentes países de la región. Trabajando con el Instituto Nacional Demócrata (NDI), legisladores y grupos cívicos han consultado con socios en México, Colombia, los Estados Unidos y Canadá tanto como Chile y Argentina. Los esfuerzos para construir apoyo para una ley de acceso a la información comprensiva han sido informados por estándares internacionales en transparencia y acceso a la información.

Al final del mes de octubre, Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas, acompañada por Jazmin Acuña, directora de proyectos en TEDIC, otra organización paraguaya que aboga por mejor transparencia, viajó con tres senadores a Londres para participar en el lanzamiento del Grupo de Trabajo sobre Transparencia Legislativa (LOWG) – la delegación legislativa más grande que participó – como parte de la cumbre anual de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP). Los colaboradores de Paraguay acompañaron a representantes de la sociedad civil, instituciones internacionales y más de 20 gobiernos y parlamentos para relacionarse en problemas de transparencia legislativa.

Hablando conmigo acerca de la cumbre de la OGP, Acuña expresó que los legisladores que atendieron vieron una “dimensión completamente nueva” a problemas como corrupción, y una “nueva avenida” para abogar por la transparencia. “El LOWG ayudó a [poner] el acceso a la ley de acceso a la información en la agenda de los senadores. Después de que todos ellos escucharon, aprendieron y discutieron durante los talleres con otros senadores y activistas de grupos de la sociedad civil, desarrollaron un interés mucho más fuerte acerca del tema. Cualquier miedo o prejuicio que pudieran tener acerca de poner la información pública a las manos de los ciudadanos desapareció después de que aprendieron de otros casos positivos”.

En diciembre, otro grupo de parlamentarios paraguayos visitaron al Senado de México para discutir la transparencia con sus contrapartes provenientes de casi 10 países en la región, liderado nuevamente por el senador chileno Larraín.

Según Acuña, “la clave para el logro de la campaña pro transparencia ha sido el aprendizaje entre iguales que ha sido promovido por el apoyo de organizaciones internacionales como NDI y la OGP. Los senadores han tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista y experiencias con congresistas de otros países como Chile. Estas oportunidades fueron cruciales para lograr el apoyo de los senadores que promovían la aprobación de la ley.”

¿Qué sigue?

La ley ahora espera alguna acción de parte de la Cámara de Diputados, la cual ha encontrado desacuerdo con su propia versión de una ley propuesta en los últimos seis meses. Los diputados volverán a trabajar en Marzo después de un receso invernal y la sociedad civil organizada empezará a presionarlos para que consideren la ley del Senado.

Algunos han criticado la ley del Senado por pasar enmiendas potencialmente restrictivas y de último minuto al texto original de la versión elaborada con la sociedad civil. Una nota editorial en el periódico Ultima Hora llamó a la Cámara Baja que concilien estos problemas en su consideración del proyecto de ley.

Sin embargo, muchos, como Acuña, quedan optimistas. “Hablando como parte de la red de la sociedad civil que ha trabajado para promover la ley, creemos que fue definitivamente una historia de éxito para nosotros. Es un precedente muy significativo para la sociedad civil trabajar en conjunto con el Senado hacia un objetivo común”.

Acuña afirma que la ley ha generado un nuevo debate nacional. “No puedo recordar un momento en que las personas pasaron tanto tiempo hablando acerca de las implicaciones del acceso a la información pública. Una nueva conciencia ha surgido acerca de estos temas, algo que nunca hemos visto antes”.