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In July 2002, the president of Paraguay signed a highly controversial law on access to information (ATI) that had been passed by Congress. The law, which imposed restrictions on citizens and journalists seeking to obtain public information, drew an outcry from civil society and the international community. In less than three months, the law was repealed.

Paraguay remains one of the last countries in Latin America without an access to information law on the books. For more than 20 years, Paraguay’s 1992 constitution has stipulated the right of citizens to public information, but the country has spent those two decades without a law allowing citizens to exercise that right.

This might change in 2014.

On December 19, the Senate passed an ATI bill, which now awaits action from the lower house. The bill, initially drafted by civil society partners, did not pass without amendment or controversy, but remains a clear attempt to move the country forward on issues of government transparency. It’s also a powerful example of collaboration between citizens and legislators and the impact of a new global open government community.

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En junio de 2002, el presidente de Paraguay firmó una ley de acceso a la información (LAI) controversial que fue aprobada por el congreso. Dicha ley, que imponía restricciones sobre los ciudadanos y periodistas que buscaban obtener la información pública, causó grandes críticas provenientes de la sociedad civil y la comunidad internacional. En menos de tres meses, la ley fue derogada.

Paraguay continúa siendo uno de los últimos países en América Latina sin una ley de acceso a la información en vigencia. Por más de 20 años, la constitución de 1992 de Paraguay ha estipulado el derecho de los ciudadanos a la información pública, pero han pasado esas dos décadas sin una ley que permita que los paraguayos ejerzan este derecho.

Este aspecto quizás cambie en el 2014.

El 19 de diciembre, el Senado aprobó una ley de acceso a la información, que ahora espera una acción por la Cámara. La ley, inicialmente preparada por socios de la sociedad civil, no fue aprobada sin enmiendas o controversias, pero queda como intento claro de mover el país hacia adelante en cuanto a problemas de transparencia gubernamental. Es también un ejemplo fuerte de colaboración entre ciudadanos y legisladores y del impacto de una nueva comunidad global pro transparencia gubernamental.

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