Este post fue escrito por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa.
Latinoamérica muestra un escenario diverso en materia de transparencia legislativa. El promedio de los 13 países evaluados por la tercera edición del Ínidce Latinoamericano de Transparencia Legislativa nos arroja un resultado de 50%, es decir, nos encontramos a mitad de camino. Los países que se ubicaron en los mejores puestos fueron Costa Rica con un 72%, Chile con el 64% y Paraguay con el 62%, mientras que Argentina (39%), República Dominicana (37%) y Venezuela (21%) se ubican en los últimos lugares.
Los estándares que el Índice evalúa fueron consensuados por las distintas organizaciones de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y representan un nivel que consideramos exigible para todos los congresos de la Región. Avanzar en dichos estándares tiene por objetivo fortalecer a los Congresos como el espacio de deliberación democrática por excelencia a través de la apertura del proceso legislativo para efectos de aumentar los niveles de legitimidad del mismo y de sus resultados. Nos imaginamos a los congresos como el espacio donde la ciudadanía y representantes tienen la oportunidad de debatir y tomar acuerdos de forma informada, dictando normas que sean representativas de la voluntad ciudadana respecto de los principales asuntos públicos que ocupan a los países.
Son múltiples las amenazas a la democracia en nuestro continente: el hiperpresidencialismo, la demagogia, la concentración de riqueza y poder e incluso los gobiernos de facto, entre otros. Entendemos que legitimar el proceso de deliberación en los congresos es fortalecer la política democrática. Reconocer como espacios de decisión aquellos que son representativos de la diversidad que habita en nuestros países por sobre el poder concentrado en figuras o grupos específicos. La opacidad y falta de control sobre los congresos y sus miembros son elementos que han mostrado ser dañinos para la legitimidad de los mismos, con esta investigación buscamos dar luces sobre los aspectos en los que es necesario avanzar para revertir dicha situación.
En cuanto a los resultados de esta versión del estudio, observamos que se han producido avances en regulaciones en la materia, por ejemplo, casi todos los países cuentan con leyes que garantizan el acceso a la información pública. Sin perjuicio de la necesidad de avanzar en la independencia de los órganos fiscalizadores. También se observan progresos, aunque en menor medida, con la regulación relativa a la declaración de intereses en el ámbito parlamentario.
Se han realizado esfuerzos por transparentar la actividad legislativa interna, como las tablas de las salas de sesiones, comisiones y de los resultados de las mismas. Sin embargo, quedan aspecto importantes en los cuales avanzar, especialmente en lo que es la transparencia de la relación de los congresos o congresistas con agentes externos. El ejemplo más notorio es la ausencia en la gran mayoría de los países de una regulación relativa al lobby o gestión de intereses. Situación similar ocurre respecto de las asesorías a parlamentarios y la información que se pone a disposición del público a dicho respecto.
La dimensión relativa al presupuesto es la con menor puntaje a nivel regional. Desde la RLTL consideramos que la opacidad en esta materia constituye un flanco muy riesgoso para la legitimidad de los congresos. La transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de los congresos y parlamentarios es fundamental para evitar la percepción de que la actividad política está vinculada a privilegios u oportunidades de corrupción o nepotismo. Avanzar en la materia es fundamental para despejar una de las principales fuentes de desprestigio de la actividad política.
Por último, en materia de participación ciudadana encontramos que existe información disponible para la ciudadanía, pero es urgente avanzar en canales institucionales de participación ciudadana en el proceso legislativo. Es necesario entregar oportunidades claras para que los ciudadanos hagan uso de la información disponibilizada y puedan incidir de forma relevante y oportuna en el proceso de toma de decisiones.
En resumen, el Índice nos muestra que aún enfrentamos importantes desafíos en materia de transparencia y participación. Que nuestros congresos y congresistas aún tienen la oportunidad de avanzar con el propósito de construir nuevas relaciones y confianzas con sus representados. Al respecto, consideramos que no hay tiempo que perder, ya que el desafío es arduo e implica un trabajo que debe hacerse en conjunto con la sociedad civil, para que la visión de ésta sea integrada desde el comienzo y que, de esa forma, las soluciones apunten a las necesidades y expectativas que la ciudadanía tiene respecto de sus congresos.
